Hoy entra en vigor la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, más conocido como el "tasazo de Gallardón".
Como es lógico un aumento de tasas a la hora de acceder a la Justicia no es algo popular precisamente y por tanto el ministro Gallardón se ha puesto a la opinión pública en su contra.
Considero que hay que hacer algo para evitar que determinadas personas se instalen en los juzgados alargando sus procesos hasta la extenuación del sistema y una solución es el aumento de estas tasas. Dicho esto, el incremento que se ha realizado es desproporcionado y me temo que no servirá de mucho si no va acompañado de otras medidas para mejorar la gestión de los juzgados, por ejemplo.
Pero el fin de esta entrada no es tanto opinar como aportar una información que poca gente dará porque se quedarán solamente con la subida de las tasas.
- Las tasas se aplicarán en 1ª instancia en lo Civil y en lo Contencioso-Administrativo. En lo Social, sólo cuando se recurra.
- Quedan exentos del pago de las tasas:
- Los beneficiarios de la justicia gratuita y la propuesta es incrementar el umbral de renta para poder acceder a ella. Es decir, que la justicia será gratuita para aquellas personas que realmente lo necesiten de modo que aquellos que se pasan el día pleiteando y pueden pagarlo, lo hagan.
- Los procesos penales. Según datos del Consejo General del Poder Judicial estos procesos en 2011 fueron el 72% de los casos.
- La protección de los derechos fundamentales.
- En lo Civil, todos los juicios monitorios y verbales inferiores a 2.000€.
- Otra cuestión importante es que el importe de la tasa está incluido en las costas. Es decir, que se puede recuperar dicho coste
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